La sentencia condenatoria contra el ex dictador guatemalteco Ríos Montt, por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo Ixil entre 1982 y 1983, es un hito para la Justicia y la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales. Esta histórica condena responde al empeño y la tenacidad de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, de fiscales y jueces. También es una esperanza para tantas otras víctimas de graves y masivas violaciones de derechos humanos, acontecidas en tantos otros lugares, al haberse hecho en este caso efectivo el derecho a la justicia –en su sentido más amplio–, así como la reparación de los daños sufridos por las víctimas.

Por supuesto, tampoco se han hecho esperar las reacciones y las voces críticas. El actual Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molino, afirmó que la Sentencia que condena a Ríos Montt genera “una situación delicada, en donde podría peligrar la inversión extranjera”. Desde la patronal no tardaron en pedir al Tribunal Constitucional la anulación de una sentencia que, consideran, “abona la polarización y deja una percepción muy clara que la justicia ha sido presa del conflicto ideológico”.